"La Audiencia Nacional fue también el órgano judicial que aplicó la
Ley de Amnistía de 1977, del mismo modo que su antecesor, el Tribunal de
Orden Público, fue el encargado de aplicar los indultos, con el Decreto
Ley de Amnistía de 1976 y sus sucesivas ampliaciones. De esta Ley de
Amnistía de 1977 se beneficiaron inculpados en crímenes como Montejurra y
Atocha, el dirigente de Guerrilleros de Cristo Rey Mariano Sánchez
Covisa; destacados policías condenados y/o procesados por
torturas como Antonio González Pacheco y José Matutes; también los
agentes de Orden Público encausados por matar a personas en el
transcurso de manifestaciones y los implicados en muertes de detenidos
en comisarías o cuartelillos... En ese sentido, ningún agente de las
Fuerzas de Seguridad del Estado acusado de delitos de sangre durante la
práctica de la represión fue condenado por los tribunales ni tuvo que
responder por sus acciones. La aplicación de la Ley Antiterrorista fue
también un instrumento fundamental que supuso en la práctica un estado
de excepción permanente que facilitó la aplicación de la violencia
<oficial>, tanto indiscriminada como selectiva".
Mariano Sánchez Soler, "La Transición sangrienta".
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