miércoles, 7 de febrero de 2018

MARCELO GARTZIANDIA AIERDI (19 de octubre de 1982, País Vasco)


MARCELO GARTZIANDIA AIERDI
(19 de octubre de 1982, País Vasco)

Cuando la madrugada del 16 de octubre Marcelo se dirigía a su casa, nunca pensó que no iba a llegar. Cuando circulaba por la Nacional I, paró su coche para orinar cuando de repente vio que una sombra se acercaba y le decía algo. Asustado, se metió en el coche y aceleró, pero quien venía era un guardia civil y lo que le había dado es el alto, por lo que viendo que el sospechoso escapaba apuntó con su metralleta y disparó a dar, acertándole en el pecho, cerca del corazón.
Marcelo, herido, sube al coche y arranca y el miembro de la benemérita se acerca al coche por delante y dispara una ráfaga, destrozando el cristal y acribillándole, y unos pocos metros después se estrella con un árbol.
El pistolero resulta ser Manuel Guerrero Álvarez, perteneciente a los GAR (Grupos Antiterroristas Rurales), quienes estaban haciendo un control en un paso elevado cercano.
Los compañeros, al oír los disparos, se acercan y se encuentran el espectáculo. Ordenan a los coches que se van acercando que continúen, pero un señor se para oliéndose algo y dice que no se va mientras no venga la ambulancia. Ambulancia que nunca llegó, ya que fue él mismo quien tuvo que llevarlo a la Cruz Roja, donde murió tres días después por las heridas de bala.
Este caso fue el primero que tuvo un juicio contra un miembro de las Fuerzas de Seguridad del Estado acusado de homicidio, y el Teniente General Sáenz de Santamaría (quien hizo los preparativos para los fusilamientos de 1975 y después fue asesor del PSOE en la lucha antiterrorista) junto con Barrionuevo hacen piña y declaran que las balas rebotaron y dieron en el cuerpo de Marcelo de forma fortuita, cuando el informe médico habla de disparos frontales y a corta distancia.
En la sala, repleta de guardias civiles, vitorean a sus compañeros y abuchean y amenazan al acusador particular que solicita 12 años y un día de reclusión menor. Finalmente todo quedó en una condena  de seis años y una indemnización a la familia, creyendo que con estas migajas del estado la familia se iba a quedar tranquila.

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