miércoles, 7 de febrero de 2018

Por qué "Diario de la Transición sangrienta"

Durante la Transición española se sucedieron a diario muertes en la calles, políticas o por abuso de la autoridad, que no recibieron un juicio justo. Personas que salieron a la calle para luchar contra la dictadura franquista y por la libertad y que no se ha reconocido su valía.
Mientras que los asesinos sigan andando tranquilamente por la calle no podremos estar tranquilos, exigimos el juicio justo que nunca tuvieron.
A la ignominia de los asesinados durante la Guerra Civil y la posterior posguerra se una la vergüenza de los asesinados durante la transición española. La sensación de miedo e inseguridad era tal que muchos que quisieron salir a la calle a gritar libertad no lo hicieron. Podemos encontrar incluso asesinatos de integrantes de la banda ETA, no porque tengamos simpatía por ella, si no porque si el mismo estado se salta el estado de derecho para asesinar a cualquier persona no podemos decir que lo que vivimos en esos años era democracia.

ANACLETO ASENJO ÁGUEDA y CLAUDIO CLEMENTE MARTÍN (24 de octubre de 1982, Madrid)


ANACLETO ASENJO ÁGUEDA y CLAUDIO CLEMENTE MARTÍN
(24 de octubre de 1982, Madrid)

Anacleto Asenjo perdió la vida el 24 de octubre de 1982 cuando se vio en medio de una persecución policial en el centro de Madrid. La policía perseguía a un coche que había sido robado y posteriormente denunciado que era conducido por cuatro jóvenes y que terminó colisionando con unos coches que estaban aparcados. A continuación los ocupantes huyeron a pie y fueron detenidos dos de ellos, mientras que otro escapó y otro, Claudio Clemente, fue alcanzado por una bala, la que posteriormente acabó con su vida. Anacleto se encontraba en la dirección del casquillo de la bala, que según los informes de la policía impactó en su cuerpo y le mató.
En el juicio el fiscal comentó que el policía “no se cercioró de la proximidad de otras personas ni adoptó las más elementales medidas precautorias a fin de evitar causar lesiones, despreciando los más usuales y primarios deberes de cautela” y que fue otro disparo, no un casquillo al rebotar, el que mató a Anacleto.

MARCELO GARTZIANDIA AIERDI (19 de octubre de 1982, País Vasco)


MARCELO GARTZIANDIA AIERDI
(19 de octubre de 1982, País Vasco)

Cuando la madrugada del 16 de octubre Marcelo se dirigía a su casa, nunca pensó que no iba a llegar. Cuando circulaba por la Nacional I, paró su coche para orinar cuando de repente vio que una sombra se acercaba y le decía algo. Asustado, se metió en el coche y aceleró, pero quien venía era un guardia civil y lo que le había dado es el alto, por lo que viendo que el sospechoso escapaba apuntó con su metralleta y disparó a dar, acertándole en el pecho, cerca del corazón.
Marcelo, herido, sube al coche y arranca y el miembro de la benemérita se acerca al coche por delante y dispara una ráfaga, destrozando el cristal y acribillándole, y unos pocos metros después se estrella con un árbol.
El pistolero resulta ser Manuel Guerrero Álvarez, perteneciente a los GAR (Grupos Antiterroristas Rurales), quienes estaban haciendo un control en un paso elevado cercano.
Los compañeros, al oír los disparos, se acercan y se encuentran el espectáculo. Ordenan a los coches que se van acercando que continúen, pero un señor se para oliéndose algo y dice que no se va mientras no venga la ambulancia. Ambulancia que nunca llegó, ya que fue él mismo quien tuvo que llevarlo a la Cruz Roja, donde murió tres días después por las heridas de bala.
Este caso fue el primero que tuvo un juicio contra un miembro de las Fuerzas de Seguridad del Estado acusado de homicidio, y el Teniente General Sáenz de Santamaría (quien hizo los preparativos para los fusilamientos de 1975 y después fue asesor del PSOE en la lucha antiterrorista) junto con Barrionuevo hacen piña y declaran que las balas rebotaron y dieron en el cuerpo de Marcelo de forma fortuita, cuando el informe médico habla de disparos frontales y a corta distancia.
En la sala, repleta de guardias civiles, vitorean a sus compañeros y abuchean y amenazan al acusador particular que solicita 12 años y un día de reclusión menor. Finalmente todo quedó en una condena  de seis años y una indemnización a la familia, creyendo que con estas migajas del estado la familia se iba a quedar tranquila.

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